La prueba es un elemento esencial de la naturaleza humana en la búsqueda de la verdad. Tanto en el ámbito científico, donde es necesario el factor probatorio para demostrar una hipótesis, como en el ámbito jurídico, especialmente en un proceso judicial, las pruebas presentadas por las partes son fundamentales. Estas pruebas permiten al juez transformar la hipótesis inicial del caso en una teoría sólida y fundamentada. Para Francesco Carnelutti (2018): “las pruebas son hechos presentes sobre los cuales se construye la probabilidad de la existencia o inexistencia de un hecho pasado, y es que la importancia de la prueba es tanta que un juicio sin pruebas no se puede pronunciar, un proceso no se puede hacer sin pruebas.” (p. 56)
Por esta razón, el derecho a probar se ha convertido en un derecho subjetivo con contenido implícito, reconocido por el Tribunal Constitucional (TC) como parte del derecho a la tutela procesal efectiva. Así lo establece la Sentencia EXP. N.º 6712-2005-HC/TC, la cual busca garantizar que los justiciables no sean sometidos a decisiones arbitrarias o caprichosas por parte de quienes deben resolver el caso. Sin embargo, no se debe confundir a la prueba como un elemento perfecto y portador de la verdad, sino que esta deba generar en el juzgador una certeza suficiente para poder ser apreciadas bajo la lógica, el derecho y las limitaciones humanas de quien juzga.